A proposal in Baja California Sur seeks to establish a penalty of up to 13 years in prison for defrauding social programs. Lawmakers emphasize the need to protect citizens and trust in these programs.

Desde el Poder Legislativo enfatizan en que es necesario establecer este delito como una modalidad agravada en el marco normativo, ya que afecta a ciudadanos y a la confianza se tiene en los programas sociales <p>La diputada del Partido del Trabajo (PT), Karina Olivas Parra, presentó una reforma al Código Penal ante la XVII Legislatura de Baja California Sur, con la que busca establecer una pena de hasta 13 años de prisión y multa de hasta 400 días de salarios mínimos a quien incurra en el delit...