Mexico is grappling with whether to prosecute Governor Rubén Rocha Moya for corruption and drug trafficking, potentially resisting US pressure to extradite him. This case highlights broader issues of corruption among state leaders and presidential cabinet members.

La batalla claudista por reservar para México la posibilidad de enjuiciar a uno de sus más indefendibles gobernadores, Rubén Rocha Moya, y no cederlo a la ruidosa exigencia estadunidense, tiene como telón de fondo que el de Sinaloa no es el único integrante del elenco de mandatarios estatales (e incluso a nivel de gabinete presidencial) que merecería ser sometido a procesos judiciales por corrupción y por una de las variantes ahora taimadamente perseguida por el país vecino, la del narcotráfi...