The article critiques how legal actions, like arrest warrants from the US Southern District of New York, are often dismissed as 'political' in Mexico, overlooking the independence of the US judicial system. It emphasizes that such decisions are based on evidence and law, not political maneuvering.

Una orden de arresto no surge de una instrucción tomada en Washington, sino de investigaciones largas construidas caso por caso, con evidencia que debe pasar por múltiples filtros. <p>En México, cuando la ley alcanza al poder siempre es “política” y cuando no, también. La petición de arresto contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios emitida desde el Distrito Sur de Nueva York, entra exactamente en esa categoría. La reacción inmediata ha sido etiquetarla ...