The US demands the extradition of individuals accused of drug and arms trafficking, while the Mexican government engages in political attacks against opposition and media. This confrontation strategy, learned from previous administrations, is also being applied to defend a governor facing accusations, prioritizing sovereignty rhetoric over tangible evidence.

El gobierno de Estados Unidos —vecino y socio comercial, migratorio y también en materia de seguridad— exige la entrega de unos presuntos culpables señalados por narcotráfico y tráfico de armas, y el gobierno mexicano lanza una cruzada para atacar a la oposición, a los medios y por supuesto, a Trump. <p>¡Qué mal hábito! Ese de permanecer en continua confrontación con diferentes sectores para hacer política, para controlar la narrativa, para dominar la escena pública, para golpear —todavía más— a...