Spending for institutions advising the country's poorest people on criminal matters has plummeted by over 99% between 2021 and 2024, weakening a key part of the penal system.

El gasto para las instituciones que asesoran penalmente a las capas más pobres del país se desplomó más de 99% entre 2021 y 2024, lo que debilita a una institución clave del sistema penal